Las políticas públicas y el desempeño Policial
En la escala organizativa
de los funcionarios públicos, los policías
son servidores públicos de cuyo desempeño depende, el bienestar de la población
a la cual sirven. Sin embargo, el servicio policial no está separado de
la percepción comunitaria sobre las necesidades en materia de seguridad. En la
medida en que la comunidad comparta la utilidad de la acción pública mediante
el servicio policial en situaciones puntuales, la acción comunitaria a través
del llamado a la policía se fortalece en cuanto a la claridad de definición de
necesidades y los problemas comunes a todos sus miembros. Manteniendo este
criterio se supone que los miembros de las comunidades comparten la pertinencia
de la convocatoria del servicio policial, si bien alguna investigación en
Venezuela sugiere que la coincidencia total sobre la prestación policial no es
posible. Por otro lado, se admite que
los funcionarios policiales están capacitados para satisfacer la demanda de la
comunidad, de manera que ésta maneja herramientas para determinar un
criterio sobre la satisfacción. La definición de la policía como una instancia
de control social formal, de carácter
estatal, dotada de poder coactivo inmediato, encargada primordialmente de
individualizar, detectar al autor, restringir y/o prevenir conductas jurídicamente inaceptables sugiere que los funcionarios policiales en calidad de
servidores públicos ejecutan acciones relacionadas con el control delictivo
y aunque comparte con otras instancias del Sistema de Justicia dichas
actividades, la policía es probablemente la instancia de control social formal
más cercana al ciudadano y en función de esto, debe asumir la responsabilidad
de la calidad de sus respuestas, cuando su actuación es convocada, siempre que
se trate de situaciones de vulnerabilidad y riesgo. En este sentido, la opinión
individual o grupal sobre la actuación policial puede estar asociada con el
alcance del bienestar, si se entiende que la provisión del servicio policial,
está orientada a dar curso a las denuncias realizadas por parte de la
población. Ello permitiría que la población perciba protección de los derechos
definidos en mandatos constitucionales, como es el caso de la seguridad ciudadana
y con ello satisfacer necesidades sociales de tal naturaleza.
El criterio de calidad de
vida de la población en una localidad determinada tiene relación con las
respuestas por parte de la instancia policial cuando se trata de resolver
situaciones indeseadas por parte de la población. Para la seguridad ciudadana
con respecto a la función policial, el
concepto de calidad de vida está asociado con la percepción de la población
sobre las acciones oportunas de los funcionarios policiales, tendientes a inhibir,
neutralizar o castigar situaciones delictivas o no delictivas que vulneren o amenacen
la seguridad ciudadana. La calidad de vida de la población en este caso, es una
expectativa grupal con respecto a la policía como instancia pública que provee
un servicio público destinado a su satisfacción.
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¿Qué podrían hacer los funcionarios
policiales para mejorar la ejecución de
políticas en materia antidelictiva en barrios
y urbanizaciones?